lalupaaraucana@gmail.co 
(+57) 315 596 8159
En desarrollo de una operación conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, fue capturado en el municipio de Cáceres, Antioquia, alias “Bigotes”, segundo cabecilla de la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez del grupo armado organizado, GAO Clan del Golfo.
Este sujeto, con más de 25 años de trayectoria criminal, era considerado el principal dinamizador de ingresos ilícitos de esta organización, afectando directamente el flujo de dinero proveniente del narcotráfico y la extorsión, principales fuentes de financiación de la estructura criminal, así como la explotación ilícita de yacimientos mineros, una de las fuentes de financiación más destructivas para la región, contribuyendo a frenar el grave daño ambiental causado por estas actividades extractivas ilegales en zonas de alta biodiversidad.
Este resultado operacional constituye un golpe contundente a la línea de mando del Clan del Golfo, toda vez que la captura de alias “Bigotes” fractura la conexión operativa entre la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez y el Estado Mayor de esta organización criminal, debilitando su capacidad de coordinación armada y su proyección de expansión en el noroccidente del país.
Así mismo, este resultado operacional detiene la estrategia de expansión criminal hacia la Costa Atlántica, bloqueando el eje logístico encargado de la movilización de recursos, material bélico y personal armado hacia esta región del país.
Este resultado reduce el constreñimiento hacia la población civil y permite que el Estado continúe recuperando la soberanía en zonas críticas de Antioquia, Chocó, Sucre y Córdoba, mitigando el riesgo de desplazamientos forzados, amenazas y atentados contra las comunidades, especialmente en el Bajo Cauca antioqueño.
Durante la operación fueron capturadas tres personas, entre ellas este cabecilla, y se incautó material de guerra y equipos de comunicaciones.
Por alias “Bigotes” las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 1.500 millones de pesos.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para desarticular las estructuras criminales que afectan la seguridad del país, las economías legales, el medio ambiente y la tranquilidad de las comunidades.
