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La Cámara de Representantes aprobó en último debate el Proyecto de Ley 641 de 2025 Cámara – 296 de 2024 Senado, “Por medio de la cual se establece el marco legal para el reconocimiento y pago de la pensión por actividades de alto riesgo que desarrollan los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional y se dictan otras disposiciones”.
De acuerdo con el articulado aprobado, la Ley tiene por objeto establecer dentro del Sistema General de Pensiones las condiciones especiales y el marco legal para el reconocimiento y pago de la pensión por actividades de alto riesgo, dirigidas a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
La aplicación de esta norma se realizará en armonía con el Acto Legislativo 01 de 2005 y la Ley 100 de 1993, junto con sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que regulan las actividades de alto riesgo, garantizando los principios de sostenibilidad financiera y responsabilidad fiscal.
En ese sentido, la iniciativa no crea un régimen pensional especial autónomo, sino que desarrolla una modalidad de reconocimiento pensional dentro del sistema existente.
La Ley será aplicable a todos los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional que desarrollen actividades de alto riesgo que impliquen la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad de retiro de sus funciones. Se exceptúan quienes ingresaron antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, a quienes se les aplicará lo dispuesto en la Ley 32 de 1986, siempre que hayan cumplido con las cotizaciones correspondientes.
En cuanto a los requisitos, se establece que los beneficiarios podrán acceder a la pensión al cumplir 50 años de edad y acreditar un mínimo de 1.029 semanas de cotización en actividades de alto riesgo, o 1.300 semanas en el sistema general, de las cuales al menos 700 correspondan a este tipo de labores. Asimismo, se contemplan disposiciones sobre el monto de la pensión y el ingreso base de liquidación.
El Representante a la Cámara Germán Rozo Anís fue uno de los ponentes de la iniciativa y acompañó su aprobación con voto positivo, resaltando la importancia de reconocer las condiciones laborales de quienes integran el sistema penitenciario del país.
De acuerdo con las proyecciones, la medida beneficiará a cerca de 15 mil funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC en Colombia, incluidos 60 del departamento de Arauca (5 mujeres y 55 hombres).
El proyecto continuará su trámite hacia la respectiva conciliación, a esperas de que luego de su aprobación pase a sanción presidencial.
